El resultado más inquietante de las elecciones para la Convención Constitucional en Chile fue el extremismo de numerosos constituyentes. Pero antes de hablar de eso, digamos dos palabras sobre aquel 58% de chilenos que se abstuvo en esta elección fundamental: ¡Qué vergüenza!

El 42% de chilenos que sí votaron eligió una Convención claramente de izquierda. La derecha dura y la centroderecha ocuparán sólo 37 de los 155 asientos. Al otro lado del “pasillo” la izquierda moderada, la ex Concertación, tendrá apenas veinticinco sillas. A estas pueden sumarse once “independientes no neutrales” y algunos otros. Aún con ellos, las cifras visibles del centroizquierdismo son inferiores a los 55 escaños que ocupará la extrema izquierda (el Partido Comunista, el Frente Amplio y La Lista del Pueblo).

El sector político mejor representado en esta Convención Constitucional es esa izquierda extrema. En apariencia ella se encuentra tan atomizada como el resto de los sectores políticos. Pero esta oportunidad única de erradicar constitucionalmente “el modelo” de desarrollo seguido por Chile, en los últimos treinta años, propiciará su unidad. Y a ella se sumarán otros constituyentes que, para concretar sus reivindicaciones territoriales, étnicas o gremiales, creen imprescindible una transformación radical. Según un análisis de CIPER, “77 constituyentes provienen de listas que promueven cambios radicales al sistema”.

La Lista del Pueblo es la más radical. Entre sus veintiséis constituyentes hay una mezcolanza de intereses “territoriales” e idealismos exaltados. Todos coinciden en un rechazo ferviente del “sistema” político, social y económico, mientras promueven una democracia directa, asamblearia, que practican con notable eficacia. Esta organización en docenas de asambleas locales, repartidas por todo el país, se parece a los clubes jacobinos surgidos durante la Revolución Francesa. Como ellos, nuestros “jacobinos chilenos” defienden ideales hermosos, incluso dulces. Y los promueven con un moralismo ideológico riguroso; se declaran puros de toda contaminación política y exigen la depuración de los demás. Sólo los puros podrían liberar a un país abusado. Michelet, el gran historiador y ferviente partidario de la Revolución Francesa, escribió que los jacobinos “estaban enfermos de piedad”.

En La Lista del Pueblo sobresalen las voces de “combatientes” fogueados en las revueltas que estallaron en octubre de 2019. La franqueza de su discurso es bienvenida. Sus voceros llaman “revuelta” a lo que otros tratan con esas pinzas verbales: “estallido social”. Los “listapopulares” evitan las ambigüedades que a menudo disfrazan los propósitos del Partido Comunista y sectores del Frente Amplio. Una constituyente por La Lista del Pueblo demandó la “expropiación de las grandes empresas sin indemnización”; otra reclamó “decretar una huelga general” como primera medida de la Convención. Estas y otras demandas se sustentan en una convicción absoluta: “Somos el Pueblo”, declaran en su página web. 

La Lista del Pueblo ha aumentado su influencia en la Convención aún antes de que esta se instale. Ahora ella es el núcleo de la “Vocería de los Pueblos” formada por 41 constituyentes. Este grupo ya advirtió al país sobre sus intenciones. Usando ese plural mayestático que emplean reyes y pontífices, declaró: “Nos llamamos a hacer efectiva la soberanía popular de la constituyente […] sin subordinarnos a un Acuerdo por la Paz que nunca suscribieron los pueblos. Lo afirmamos también respecto de toda la institucionalidad de nuestro país.” Es decir, para estos jacobinos chilenos la Convención debería estar por encima de cualquier ley.

Todos los “listapopulares” coinciden en exigir la “liberación de los presos políticos”. Estas dos últimas palabras resumen la sinceridad desafiante que es el estilo de esa Lista. Llamar presos “políticos” a los –pocos– procesados por incendiar museos, bibliotecas e iglesias, entre otros delitos, equivale a validar expresamente el uso de la violencia como herramienta política en una democracia.

Esa demanda de La lista del Pueblo es compartida por el Partido Comunista, por la mayor parte del Frente Amplio y por varios independientes. El objetivo de esta validación expresa de la violencia política parece obvio. Con ella los constituyentes de la extrema izquierda notifican al resto que su poder en la Convención no se limitará a los votos que obtuvieron. Ellos defenderán sus hermosos ideales con una fuerza adicional: podrán sacar a las calles, en todo el país, su centenar de asambleas. Hace unos meses el secretario general del PC chileno había llamado a “rodear con la movilización de masas el desarrollo de la Convención Constitucional”. Después los constituyentes agrupados en la Vocería de los Pueblos subieron esa apuesta llamando a “la movilización social ‘dentro’ y fuera de la Convención”. Esa palabra, “dentro”, sugiere que, si las exigencias de la izquierda extrema no son aceptadas, ella podría ordenar a sus seguidores que, además de rodear el recinto de la Constituyente, también lo invadan.

Aquellas amenazas de nuestros jacobinos chilenos podrían ser algo más que bravatas. La Convención sesionará en pleno centro de Santiago, la comuna donde la revuelta obtuvo sus triunfos más notorios. Ahí, durante varias semanas, los agitadores violentos derrotaron a la policía que, desbordada, respondió con brutalidad e inepcia. Creer que un grupo político dotado con ese formidable poder de coacción renunciará a emplearlo parece más que ingenuo. De hecho, ese poder ya ha sido usado al blandirlo como amenaza. El posible rodeo e invasión del recinto convencional penderá sobre los constituyentes como una espada.

Inteligencias optimistas nos aseguran que, tal como “la música amansa a las fieras”, el diálogo pacificará a los exaltados. Afirman que la Convención impondrá la conversación incluso a quienes amenazan con “la movilización de masas”. Esta idealización del diálogo convencional delata una cierta vanidad. Algunos exhiben una gran confianza en que su poder de convicción superará al poder movilizador de los extremistas. Ojalá lo demuestren.

Otros, menos idealistas, afirman que la legislación se impondrá. Estos se asilan en que el “plebiscito de entrada” aprobó, implícitamente, que todos los acuerdos de la Convención deban tomarse con mayoría de dos tercios. Pero esa exigencia supermayoritaria es justamente lo que la extrema izquierda rechaza. Esta argumenta que la Convención es soberana para cambiar ese requisito y cualquier otro que la limite. Para apoyar ese argumento la izquierda exaltada cuenta con una fuerza adicional a sus votos, cuenta con “la movilización dentro y fuera de la Convención”.

Los constituyentes moderados disponen de una mayoría simple en la Convención Constitucional. Van a necesitar cada uno de esos votos y algo más: van a precisar valentía para defender sus convicciones ante el fervor amenazante de los jacobinos chilenos.

Michelet concluyó que los jacobinos sabotearon la Convención elegida durante la Revolución Francesa: “¡Pobre asamblea! Antes de hacerse ya estaba deshecha, era “destituible”, estaba bajo la tutela, la policía de los jacobinos.”

Dicen que la historia no se repite. Pero quizás eso era antes, cuando aún la leíamos.

Carlos Franz, Académico de Número de la Academia Chilena de la Lengua